Convenio entre la AGN y el Instituto Nacional de las Mujeres

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La AGN y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) firmaron un convenio de cooperación cuyo objetivo es implementar la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que obliga a la “capacitación en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
 
Presidió el encuentro el titular de la AGN, Oscar Lamberto, y lo acompañaron los auditores generales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez, mientras que por el INAM estuvo presente la directora ejecutiva, Fabiana Tuñez.
 
También asistieron la diputada nacional Carla Pitiot y representantes gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
 
Destacó Lamberto: “Este es el comienzo de un compromiso de capacitar, de formar, de generar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la Casa. Es un hecho revolucionario no exento de conflictos: las sociedades no cambian de un día para otro, necesitan procesos y nosotros lo estamos acompañando”.
 
Seguidamente, Tuñez explicó que la firma del convenio “es la continuidad de un trabajo que se fue haciendo entre los dos organismos, con un claro compromiso con lo que significa este cambio social y cultural, que necesitamos como sociedad y que obviamente va a llevar tiempo. Pero creo que el trabajo permanente asumido con compromiso, como en este caso, es el cambio que necesitamos para luchar contra la desigualdad y la violencia”.
 
Por su parte, la diputada Pitiot recordó que la Ley Micaela “lleva el nombre de una argentina que fue víctima de un femicidio de connotaciones vinculadas con la Justicia, porque su homicida había salido de la cárcel con una prisión domiciliaria” y criticó “la falta de capacitación de jueces y fiscales, que derivó en que todos los trabajadores del Estado debamos estar capacitados y sensibilizados en cuestiones de género”.

“Este es el comienzo de un compromiso de capacitar, de formar, de generar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la Casa. Es un hecho revolucionario no exento de conflictos: las sociedades no cambian de un día para otro, necesitan procesos y nosotros lo estamos acompañando”, destacó Lamberto.


En representación de los gremios, habló en primer término Hugo Quintana, secretario general de APOC Nación: “Ahora viene la parte del trabajo en serio, que es atender cada uno de los casos que requiera de algunas habilidades que nos exceden a muchos de nosotros: la profesionalidad y la discreción; es una tarea que vamos a ir aprendiendo para que esa lucha por la igualdad esté cada vez más cerca”.

Mónica Britos, delegada de Género y Derechos Humanos de ATE en la AGN, dijo: “Ahora viene lo más difícil, que es hacer una transformación cultural respecto de la temática de género”.

Finalmente, el secretario general de UPCN en la AGN, Jorge Carcagno, manifestó: “Nosotros también compartimos y festejamos esta firma del Convenio y creemos que es momento de empezar a trabajar, que es lo más importante para poder avanzar”.

La Ley Micaela estipula “la capacitación en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional”, en todos sus niveles y jerarquías. Permite cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres. Designa al INAM como autoridad de aplicación y encargado de brindar las capacitaciones a las máximas autoridades.

En cada uno de los organismos estatales, las oficinas de capacitación pueden  contar con la asistencia y colaboración del INAM. La Ley también fomenta que las oficinas de capacitación de cada organismo elaboren materiales y programas nuevos, o adapten los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.

El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la Ley (10 de enero de 2019), en sintonía con el cumplimiento de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La Ley Micaela también propone que las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales, sean responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.